Mujer, madrileña y con su derecho al aborto en peligro

La modificación del Código Penal despenalizando el aborto llegó a España en 1985 aunque sólo para tres supuestos. Veinticinco años después, el 5 de julio de este año, entraba en vigor una nueva Ley del Aborto basada en plazos que fijaba hasta la semana 14 la interrupción libre del embarazo y situaba la edad legal en los 16 años. La nueva normativa eliminó la pena de prisión para la mujer y se fijó como objetivo potenciar la prestación pública y gratuita.

Esta ley originó un gran debate social y el Tribunal Constitucional admitió a trámite sendos recursos del Gobierno de Navarra y del Partido Popular.

El objetivo de este post no es abrir el tradicional y sensible debate del aborto. Sólo quiero compartir mi indignación al descubrir que la libertad para acceder a una interrupción voluntaria de un embarazo no deseado, es diferente dependiendo de quién gobierne en la comunidad autónoma en la que residas.

Una situación que ha denunciado la Federación de Mujeres Progresistas y que sin duda pone de relieve que las ideas políticas  “pseudoreligiosas” del Partido Popular están afectando el desarrollo normal de una práctica legal, reconocida por ley y terriblemente necesaria para cientos de mujeres.

Tomar una decisión así debe ser muy duro para una mujer, pero encontrarse con dificultades de quién debe garantizar tu derecho a tomar esa decisión provoca un mayor dolor, riesgo físico y humillación. Elementos que convierten un agrio camino en un horrible vía crucis, sin la bendición de la Iglesia Católica, por supuesto.

Según la Federación de Mujeres Progresistas hoy en la Comunidad de Madrid, gobernada por la lideresa del Partido Popular, Esperanza Aguirre, una mujer tiene que esperar una lista de espera de más de un mes para abortar en un centro público y gratuito.

Un mes de lista de espera para abortar en el sistema público de la Comunidad de Madrid

Aunque las listas de espera en estos centros son habituales en muchas comunidades autónomas del país, el gobierno madrileño en manos del Partido Popular, facilita información que induce, según la organización feminista, a frenar el proceso y alimentar el sentimiento de culpabilidad de las mujeres.

En los 17 folios informativos que se entregan a las mujeres que pretenden abortar, se recogen ampliamente direcciones y teléfonos de asociaciones y fundaciones “provida”, datos sobre el número de parejas madrileñas que están esperando para adoptar un niño y sólo los nombres de dos clínicas públicas de aborto. Sólo los nombres. Para más información llame al 010.

Si sumamos a esta publicidad negativa e innecesaria, las dificultades que ya se plantean para acceder a la anticoncepción de emergencia, a los anticonceptivos de última generación o la información preventiva en los centros de salud madrileños, nos encontramos una región donde se pone en peligro la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Donde los ideales religiosos o políticos están por encima de la ley.

Si te interesa este tema, puedes consultar la información que he elaborado para la Cadena SER:

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Archivado bajo Periodismo, Política

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