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El sistema sanitario público español convertido en aseguradora

El Real Decreto de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud no hace sino alejarnos del modelo de la salud como derecho ciudadano universal. Una decisión del gobierno estatal que expulsará a miles de ciudadanos del sistema bajo la excusa del ajuste del gasto. El gobierno sabe que en nuestra sociedad está bien arraigada la postura racista ante los servicios públicos de “los españoles primero” y está será otra baza de su justificación.

Lo cierto es que la reforma no sólo dejará sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, también se llevará por delante la atención primaria de parados que han agotado su prestación, autónomos que dejen de cotizar o a los estudiantes mayores de 26 años que no hayan conseguido su primer empleo. Realidades sociales que ante el panorama actual no dejarán de crecer a nuestro alrededor.

Para los profesionales de la sanidad, la medida no es solo absurda y excluyente, además encarecerá y perjudicará al sistema actual. Estos colectivos “no cotizantes-no asegurados” si serán atendidos en las urgencias de centros de salud y hospitales, que se saturarán, aún mas.

Por mucho que nuestros políticos repitan adjetivos como “insostenible”, España es uno de los países europeos que menos aporta por habitante a la Sanidad Pública. Desde hace veinte años su financiación no depende de la Seguridad Social sino de los impuestos, incluidos “los céntimos sanitarios” que han impuesto algunas comunidades autónomas.

Así que se trata de que asumamos que quién no paga, no obtiene el derecho universal y constitucional a la salud. ¿Llegará en breve la mano privada para prestaciones calificadas ahora como accesorias?

Si no tienen ustedes una salud de hierro, vayan preparando el bolsillo.

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Hacerse el sueco

La clase política, los grandes empresarios y las riquezas más ilustres de este país están desentendiéndose de las graves consecuencias que sus recetas de austeridad y contención del gasto están provocando en la sociedad. España es el único país de la OCDE donde los salarios reales no han crecido en 15 años. Insisten en que nuestra recuperación pasa por mejorar nuestra competitividad exterior pero ¿qué pasa con nuestro mercado doméstico?

La subida del IRPF, el incremento del precio de la gasolina o el deterioro de los servicios públicos están provocando una importante merma en nuestra capacidad de consumo. Se han preguntado a quién venderán sus productos o servicios las PYMES generadoras del 80% de los puestos de trabajo en nuestro país. Esta reducción de la actividad económica real y la falta de crédito ¿no provocarán sino más cierre de empresas y un incremento del desempleo?

Mientras no acabemos con el terrorismo financiero y las entidades bancarias no vuelvan a la economía real no habrá salida en este túnel de despropósitos.

Los economistas Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón sostienen en su libro “Hay alternativas” la necesidad de cambiar el enfoque; el problema es la falta de ingresos del Estado y el granero donde encontrar esa financiación no son las nóminas de los trabajadores.

Banca, multinacionales y grandes riquezas en nuestro país sólo pagan el 20% de lo que se paga en Suecia. Un empresario aporta al estado español menos que un trabajador, las grandes empresas sólo un 10% de sus beneficios y las grandes riquezas un irrisorio 1% a través de las SICAV.

Más fiscalidad a las rentas de capital y una persecución real al fraude fiscal nos permitiría afrontar un mayor desarrollo de nuestro sector público, el de menor financiación de la Unión Europea de los quince. Si lleváramos nuestro 9% de inversión al 25% actual de Suecia, el estado crearía cinco millones de empleos. Otra vez los suecos.

Si estábamos ante una esclavitud adornada con democracia y mantenida por el opio del consumismo… tengan cuidado, la droga se está acabando.

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