El Real Decreto de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud no hace sino alejarnos del modelo de la salud como derecho ciudadano universal. Una decisión del gobierno estatal que expulsará a miles de ciudadanos del sistema bajo la excusa del ajuste del gasto. El gobierno sabe que en nuestra sociedad está bien arraigada la postura racista ante los servicios públicos de “los españoles primero” y está será otra baza de su justificación.
Lo cierto es que la reforma no sólo dejará sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, también se llevará por delante la atención primaria de parados que han agotado su prestación, autónomos que dejen de cotizar o a los estudiantes mayores de 26 años que no hayan conseguido su primer empleo. Realidades sociales que ante el panorama actual no dejarán de crecer a nuestro alrededor.
Para los profesionales de la sanidad, la medida no es solo absurda y excluyente, además encarecerá y perjudicará al sistema actual. Estos colectivos “no cotizantes-no asegurados” si serán atendidos en las urgencias de centros de salud y hospitales, que se saturarán, aún mas.
Por mucho que nuestros políticos repitan adjetivos como “insostenible”, España es uno de los países europeos que menos aporta por habitante a la Sanidad Pública. Desde hace veinte años su financiación no depende de la Seguridad Social sino de los impuestos, incluidos “los céntimos sanitarios” que han impuesto algunas comunidades autónomas.
Así que se trata de que asumamos que quién no paga, no obtiene el derecho universal y constitucional a la salud. ¿Llegará en breve la mano privada para prestaciones calificadas ahora como accesorias?
Si no tienen ustedes una salud de hierro, vayan preparando el bolsillo.